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LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009
 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
Artículo Único.- Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
 
 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
 
 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización
y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de
competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, en esta materia.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio
nacional.
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de
los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como
la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta
Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre
las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la
protección de las víctimas.
Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por
conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las
infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las
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autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades
que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.
Artículo 4.- El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación
con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a
cumplir los fines de la Seguridad Pública.
La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
II. Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información
contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad
pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares,
teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.
III. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
IV. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
V. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
VI. Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
VII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;
VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del
Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local
y municipal;
IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades
federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de
aquél;
X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos
penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las
dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen
funciones similares;
XI. Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los
Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de
aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;
XII. Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los
servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia,
respectivamente;
XIII. Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;
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XV. Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;
XVI. Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional,
su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto
a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal,
los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán
coordinarse para:
I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y
estrategias, en materia de seguridad pública;
III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las
instancias previstas en esta ley;
IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa
Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en
la Ley de Planeación;
V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los
fines de la Seguridad Pública;
VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación,
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de
las Instituciones de Seguridad Pública;
VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de
las Instituciones de Seguridad Pública;
IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;
XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos
de esta ley y demás disposiciones aplicables;
XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de
los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las
Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;
XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la
seguridad pública;
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XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y
dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el
cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.
Artículo 8.- La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con
respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran
el Sistema.
Artículo 9.- Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema,
observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.
En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias,
el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 10.- El Sistema se integrará por:
I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y
definición de políticas públicas;
II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;
IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;
V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;
VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y
VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.
El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las
instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de
acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.
Artículo 11.- Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que
permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de
sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la
coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.
El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar
seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.
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CAPÍTULO II
Del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Artículo 12.- El Consejo Nacional estará integrado por:
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;
II. El Secretario de Gobernación;
III. El Secretario de la Defensa Nacional;
IV. El Secretario de Marina;
V. El Secretario de Seguridad Pública;
VI. El Procurador General de la República;
VII. Los Gobernadores de los Estados;
VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.
El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los
demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.
El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y
representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el
cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico.
Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de
este Consejo.
Artículo 13.- El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado
Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en
materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de
seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación
y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas
unidades administrativas.
Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables,
tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;
III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad
Pública;
IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
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V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento
de las acciones que para tal efecto se establezcan;
VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las
Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes
respectivas;
VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones
federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;
VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en
su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en
esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento
de la garantía de audiencia;
IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de
Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros
relacionados;
XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros
relacionados;
XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de
gobierno;
XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las
Instituciones de Seguridad Pública;
XV. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa
opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Ley;
XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación
de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los
órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y
XIX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias
para el funcionamiento del Sistema.
Artículo 15.- El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley.
El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la
agenda de los asuntos a tratar.
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El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.
Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.
Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor
funcionamiento del Sistema.
Artículo 16.- Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:
I. De Información;
II. De Certificación y Acreditación,
III. De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de
las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo.
El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas.
En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y
agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.
Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus
representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores
públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la
entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.
CAPÍTULO III
Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía
técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo
Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos
Centros.
El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos
libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener más de treinta años de edad;
III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;
IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las
áreas correspondientes a su función, y
V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.
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Artículo 18.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su
Presidente;
II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;
IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y
formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente
ordenamiento;
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los
instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
VI. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el
cumplimiento de los fines del Sistema;
VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y
específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo
conducente al Consejo Nacional;
IX. Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen
desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las
Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos
generales que dicte el Consejo;
XI. Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos
de la ley;
XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en
los términos de ley;
XIII. Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el
seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
XIV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;
XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y
eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial,
Policial y Pericial;
XVI. Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la
aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;
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XVII. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública,
de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones
aplicables;
XVIII. Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de
cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades
federativas o, en su caso, municipios;
XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización,
proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los
fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de
los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
XXI. Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la
que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;
XXII. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la
Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el
uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al
respecto al Consejo Nacional;
XXIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;
XXIV. Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen
Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y
XXV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le
encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.
Artículo 19.- El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema
Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del
Sistema en términos que señale el reglamento;
II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del
Sistema;
III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;
IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de
las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración
de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la
materia, y
VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información,
interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las
bases de datos.
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Artículo 20.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como
principales atribuciones:
I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño
transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y
estratégicas;
II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación
ciudadana y una vida libre de violencia;
III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados
por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:
a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños,
jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
d) Garantizar la atención integral a las víctimas.
IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución
geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones
de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad
pública nacional;
V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que
coadyuven a la prevención del delito;
VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas
educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las
dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y
los Municipios en esta misma materia;
VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta
Ley, y
X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.
Artículo 21.- El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación,
la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que
se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.
Artículo 22.- Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros
de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones
de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de
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confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las
facultades siguientes:
I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores
públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las
conferencias.
II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;
III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de
evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación
y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de
Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la
normatividad correspondiente;
VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados,
conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación
establezca;
VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad
Pública;
VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de
Evaluación y Control de Confianza;
IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y
aprobar sus características, y
X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.
CAPÍTULO IV
De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Artículo 23.- La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de
las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será
presidida por el Procurador General de la República.
Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el
Presidente de la misma.
Artículo 24.- El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a
personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.
El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.
Artículo 25.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:
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I. Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y
evaluar las acciones en la materia;
II. Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las
Instituciones Policiales;
III. Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y
demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como
darles seguimiento;
IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de
Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;
V. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de
Procuración de Justicia;
VI. Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
VII. Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los
ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación
conjuntos;
VIII. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia,
capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes
del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
IX. Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las
Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
X. Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de
las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XI. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para
la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de
justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan
en los ordenamientos correspondientes;
XII. Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
XIII. Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de
la comunidad en las actividades de procuración de justicia;
XIV. Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de
amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a
las bases de datos que establece el presente ordenamiento;
XV. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y
sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de
bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales,
ministeriales y periciales;
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XVI. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la
legislación vigente;
XVII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de
personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;
XVIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;
XIX. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia
jurídica;
XX. Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos
o productos del delito;
XXI. Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de
datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;
XXII. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
XXIII. Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y
XXIV. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 26.- La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de
manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando
lo estime necesario.
CAPÍTULO V
De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública
Artículo 27.- La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los
titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el
Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.
La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente
de la misma.
Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los
municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.
Artículo 28.- El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los
asuntos a tratar.
Artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:
I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad
pública;
II. Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones
Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
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III. Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública;
IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de
Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción;
V. Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
VI. Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre
Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;
VII. Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley;
VIII. Integrar los Comités que sean necesarios en la materia;
IX. Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de
impacto nacional e internacional;
X. Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter
preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y
municipales;
XI. Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio
para la localización de personas y bienes;
XII. Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la
comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;
XIII. Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el
protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación;
XIV. Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;
XV. Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por
parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;
XVI. Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de
datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de
información;
XVII. Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia;
XVIII. Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para
proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y
XIX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO VI
De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario
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Artículo 30.- La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los
órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.
Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de
la Secretaría.
Artículo 31.- Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:
I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;
II. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los
centros penitenciarios de reinserción social;
III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;
IV. Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción
social;
V. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las
legislaciones aplicables;
VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados
y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia,
extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa,
con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad
pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.
CAPÍTULO VII
De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal
Artículo 32.- La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los
Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que
participarán de conformidad con las siguientes reglas:
I. Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad
Pública correspondiente, y
II. Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal serán nombrados por el
Consejo Local de Seguridad Pública.
Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros
por el pleno de misma.
La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente
de la misma.
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Artículo 33.- La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes
funciones mínimas:
I. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
II. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad
Pública;
III. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad
pública municipal;
IV. Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de Seguridad
Pública;
V. Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios;
VI. Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
VII. Colaborar con las instituciones publicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a
prevenir el delito;
VIII. Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial;
IX. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública
Municipal, y
X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.
CAPÍTULO VIII
De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación
Artículo 34.- En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de
la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno.
Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos
por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.
En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de
cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos
Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad,
de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.
Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que
permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del
Consejo Nacional.
Los Consejos Locales determinaran su organización y la de las Instancias Regionales de
Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.
Artículo 35.- Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la
entidad de que se trate y de la Federación.
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Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.
Artículo 36.- Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la
participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación,
con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública
correspondientes.
Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos
estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas,
se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios
respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.
Artículo 37.- Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de
manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y
los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.
Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de
atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.
Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo,
en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.
Artículo 38.- Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y
a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la
coordinación.
CAPÍTULO IX
De la distribución de competencias
Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A. Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:
I. Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios;
II. Respecto del Desarrollo Policial:
a) En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:
1.- Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos,
promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las
Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la
normatividad aplicable;
2.- Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las
autoridades competentes;
b) En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:
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1.- El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación,
adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las
que formulen las instancias del Sistema;
2.- Los procedimientos aplicables a la Profesionalización;
3.- Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y
4.- El desarrollo de programas de investigación y formación académica.
c) En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos
para la aplicación de los procedimientos respectivos.
III. Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias:
I. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;
II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema;
III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y
Régimen Disciplinario;
IV. Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley;
V. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;
VI. Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a
que se refiere esta Ley;
VII. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los
expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no
cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de
confianza respectivo;
IX. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;
X. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos,
procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación
y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad
aplicable;
XI. Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el
registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad
Pública;
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XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos
fines y nombrar a un responsable de su control y administración;
XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones
Estratégicas del país, y
XIV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones
aplicables.
Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115,
fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su
caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus
Municipios.
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Pública
Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto
a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en
términos de las disposiciones aplicables;
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación
será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una
orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad
Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará
inmediatamente ante la autoridad competente;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus
derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas
a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso
de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
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VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y
científica de evidencias;
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones
de Seguridad Pública;
XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad
Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite
la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o
constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las
disposiciones aplicables;
XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las
Instituciones;
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a
quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o
cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y
con motivo de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios
subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo
al área que corresponda;
XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes,
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal,
prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u
otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
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XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el
consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica,
avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio,
bebidas embriagantes;
XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones,
dentro o fuera del servicio;
XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones
que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al
realizar actos del servicio, y
XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones
Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que
realice;
II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar
la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los
términos de las leyes correspondientes;
III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así
como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico,
por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con
motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros
centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de
flagrancia, y
XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
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Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto
a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y
administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.
Artículo 42.- El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública
deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su
autenticidad.
Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de
que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.
Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones
legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe
Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:
I. El área que lo emite;
II. El usuario capturista;
III. Los Datos Generales de registro;
IV. Motivo, que se clasifica en;
a) Tipo de evento, y
b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
VII. Entrevistas realizadas, y
VIII. En caso de detenciones:
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y
resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo
que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.
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Artículo 44.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las
sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los
órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:
a) Amonestación;
b) Suspensión, y
c) Remoción.
CAPÍTULO II
De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos
Artículo 45.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y
municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad
de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo
123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 46.- Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán
y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión,
actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.
CAPÍTULO III
De las Academias e Institutos
Artículo 47.- La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e
Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán,
entre otras, las siguientes funciones:
I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial
y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores
públicos a que se refiere el Programa Rector;
VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de
Profesionalización;
IX. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
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X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección
de aspirantes y vigilar su aplicación;
XI. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos
y proponer los cursos correspondientes;
XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;
XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio
ante las autoridades competentes;
XIV. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
XV. Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras,
públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores
públicos;
XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los
manuales de las Academias e Institutos, y
XVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 48.- En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales,
la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:
I. Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización
de los mandos de las Instituciones policiales;
II. Los aspectos que contendrá el Programa Rector;
III. Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes
a las Academias y de estudios superiores policiales;
IV. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos
a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;
V. Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones
Policiales;
VI. Los programas de investigación académica en materia policial;
VII. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos
a las Instituciones Policiales;
VIII. La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su
competencia, y
IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
TÍTULO CUARTO
DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 49.- El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo
relativo al Ministerio Público y a los peritos.
Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía
ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las
Instituciones Policiales en materia de carrera policial.
Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial,
serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.
Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no
formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los
ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su
nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.
Artículo 50.- El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso,
desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:
I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación
inicial, así como registro;
II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y
especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del
desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso
y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los
miembros del Servicio de Carrera, y
III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio,
así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo
establecido por las leyes y disposiciones aplicables.
Artículo 51.- El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:
I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos,
evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación
constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización
y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia
logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos
referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos,
habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
IV. Contará con un sistema de rotación del personal;
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V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
VI. Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno
respeto a los derechos humanos;
VII. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en
el desempeño de sus funciones;
VIII. Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;
IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y
X. Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.
CAPÍTULO II
Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia
Artículo 52.- El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.
Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando
menos, con los requisitos siguientes:
A. Ministerio Público.
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la
correspondiente cédula profesional;
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
IV. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como
responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como
servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o
local, en los términos de las normas aplicables;
VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo;
VII. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la
materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y
VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las
disposiciones aplicables.
B. Peritos.
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
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II. Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza
media superior o equivalente;
III. Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para
ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los
conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de
acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
IV. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la
materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;
VI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como
servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o
local, en los términos de las normas aplicables;
VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo, y
IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.
Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación
federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 53.- Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse
sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de
Procuración de Justicia.
Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.
Artículo 54.- Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de
Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial.
Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la
formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior
a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.
CAPÍTULO III
Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia
Artículo 55.- Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:
I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
II. Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
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IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
V. Cumplir las órdenes de rotación;
VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y
VII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.
Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes
respectivas.
Artículo 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y
aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los
casos que establezca la normatividad aplicable.
Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán
confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o
judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos
que señala la presente ley.
Artículo 57.- Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso,
concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya
sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un
proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.
CAPÍTULO IV
De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia
Artículo 58.- La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los
procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de
Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo
siguiente.
Artículo 59.- La terminación del Servicio de Carrera será:
I. Ordinaria, que comprende:
a) Renuncia;
b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y
c) Jubilación.
II. Extraordinaria, que comprende:
a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.
Artículo 60.- En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se
impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la
indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que
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en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio
de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro
Nacional correspondiente.
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización
que, en su caso, deba cubrirse.
CAPÍTULO V
De la Profesionalización
Artículo 61.- El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los
lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las
Instituciones de Procuración de Justicia.
Artículo 62.- Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos
estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de
resolución de casos.
Artículo 63.- En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:
I. Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las
Instituciones de Procuración de Justicia;
II. Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su
caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;
III. Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de
las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;
IV. Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas
correspondientes en los Institutos de Capacitación;
V. Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de
aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;
VI. Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;
VII. Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su
competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y
VIII. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.
Artículo 64.- Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a
participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales
deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.
CAPÍTULO VI
De la Certificación
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Artículo 65.- Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán
contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.
Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin
contar con el Certificado y registro vigentes.
Artículo 66.- Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de
Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que
establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.
El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer
en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las
habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Artículo 67.- El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en
un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de
certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca.
Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.
Artículo 68.- Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán
someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis
meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la
revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones
de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 69.- La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá
contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación.
Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus
servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar
el Certificado que les haya sido expedido previamente.
Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente
expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario,
previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.
En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.
Artículo 70.- La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de
Procuración de Justicia procederá:
I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o
permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
II. Al ser removidos de su encargo;
III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.
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Artículo 71.- La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la
anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.
TÍTULO QUINTO
DEL DESARROLLO POLICIAL
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 72.- El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente
estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de
profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones
Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad
de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el
sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos
en el artículo 6 de la Ley.
Artículo 73.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la
fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no
pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su
nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las
disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.
Artículo 74.- Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no
cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para
permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el
juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización
que, en su caso, deba cubrirse.
Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.
Artículo 75.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán,
cuando menos, las siguientes funciones:
I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de
recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones
administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz
públicos.
Artículo 76.- Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se
ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las
Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.
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Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de
Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas
instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al
desarrollo policial.
Artículo 77.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las
funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las
siguientes:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido
a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio
Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y
dejarán de actuar cuando él lo determine;
II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no
sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público
para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad
de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento
de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos
delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como
remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas
detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el
cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía
facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar,
embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste
y en términos de las disposiciones aplicables.
IX. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y
documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar
por conducto de éste;
X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de
éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la
misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de
fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en
los conocimientos que resulten necesarios;
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XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en
peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el
momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público
encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y
jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
De la Carrera Policial y de la Profesionalización
Artículo 78.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual
se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o
baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.
Artículo 79.- Los fines de la Carrera Policial son:
I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un
esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de
las Instituciones Policiales;
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las
funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el
establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las
expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones
Policiales;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de
las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios,
y
V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.
Artículo 80.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la
organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:
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I. Comisarios;
II. Inspectores;
III. Oficiales, y
IV. Escala Básica.
En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras
tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto
en esta Ley.
Artículo 81.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes
jerarquías:
I. Comisarios:
a) Comisario General;
b) Comisario Jefe, y
c) Comisario.
II. Inspectores:
a) Inspector General;
b) Inspector Jefe, y
c) Inspector.
III. Oficiales:
a) Subinspector;
b) Oficial, y
c) Suboficial.
IV. Escala Básica:
a) Policía Primero;
b) Policía Segundo;
c) Policía Tercero, y
d) Policía.
Artículo 82.- Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria,
cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.
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Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las
instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente
de organización en la jerarquía.
Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando
correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.
Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial
en los diversos cargos o comisiones.
Artículo 83.- El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con
relación a las áreas operativas y de servicios será:
I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.
Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la
calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que
cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un
sistema de retiro digno.
De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que
contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus
funciones.
Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el
ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los
diferentes ámbitos de competencia.
Artículo 85.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias,
condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así
como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el
integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:
I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el
Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;
II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial,
que expedirá el centro de control de confianza respectivo;
III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente
certificado y registrado en el Sistema;
IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e
integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y
profesionalización;
V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al
cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
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VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias
encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de
permanencia, señaladas en las leyes respectivas;
VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por
lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos
demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de
los integrantes de las Instituciones Policiales;
IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del
servicio;
X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser
autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y
XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera
Policial.
La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o
de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá
inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.
En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán
designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las
instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos
inherentes a la Carrera Policial.
Artículo 86.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan
aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las
Instituciones Policiales.
Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la
resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.
Artículo 87.- El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura
institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias
o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento
de los requisitos previstos en la presente Ley.
Artículo 88.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos
establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son
requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:
A. De Ingreso:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles, sin tener otra nacionalidad;
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
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III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o
equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o
equivalente;
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la
enseñanza media básica;
V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las
disposiciones aplicables;
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares;
IX. No padecer alcoholismo;
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como
servidor público;
XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de
la misma;
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
B. De Permanencia:
I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso;
II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior,
equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o
equivalente;
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c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la
enseñanza media básica;
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;
VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables;
IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares;
X. No padecer alcoholismo;
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como
servidor público;
XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o
de cinco días dentro de un término de treinta días, y
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 89.- Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de
servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las
expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.
Artículo 90.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan
el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar,
para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de
promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.
Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el
otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la
autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.
Artículo 91.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones
Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las
disposiciones legales aplicables.
Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una
vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.
Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la
expedición de la constancia de grado correspondiente.
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Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos
establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 92.- Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los
integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría,
jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.
Artículo 93.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán que la
antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de
la siguiente forma:
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y
II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado
correspondiente.
La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la
Carrera Policial.
Artículo 94.- La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la
cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los
procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:
a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya
participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese
obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones aplicables, y
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las
Comisiones para conservar su permanencia.
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento
de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
III. Baja, por:
a) Renuncia;
b) Muerte o incapacidad permanente, o
c) Jubilación o Retiro.
Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la
información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido
puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.
Artículo 95.- Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite
para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración
de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.
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Artículo 96.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones
Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza
correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos,
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de
certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.
La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.
Artículo 97.- La certificación tiene por objeto:
A.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para
desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;
B.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño
de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los
siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:
I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que
exijan las disposiciones aplicables;
II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden
adecuada proporción con sus ingresos;
III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras
que produzcan efectos similares;
IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme como servidor público, y
VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.
Artículo 98.- La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se
integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para
desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones
Policiales.
Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos
estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el
programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su
Presidente.
CAPÍTULO III
Del Régimen Disciplinario
Artículo 99.- La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios
previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley.
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Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes
disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.
La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los
vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y
reglamentos, así como a los derechos humanos.
La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que
sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así
como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.
La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus
subordinados.
Artículo 100.- Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del
deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de
delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Artículo 101.- El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución
Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las
correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.
Artículo 102.- Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en
los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.
Artículo 103.- La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del
infractor.
La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con
independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran
los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 104.- El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por
solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o
presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.
Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las
disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del
procedimiento.
Artículo 105.- La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias
colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas
de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus
respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos
de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.
Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio
profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los
integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de
Seguridad Pública.
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En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que
intervengan representantes de los policías ministeriales.
TÍTULO SEXTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
Artículo 106.- El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las
instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes
a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública.
Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de
evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales
de la Federación y de las entidades federativas.
Artículo 107.- Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las
Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor
cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus
procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.
Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza
de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la
acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso
carecerá de validez.
Artículo 108.- Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las
evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la
evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:
I. Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios
expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
II. Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos,
psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de
conformidad con la normatividad aplicable;
IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y
resguardo de expedientes;
V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
VI. Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad
Pública;
VII. Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación;
VIII. Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional
de Certificación y Acreditación;
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IX. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que
practiquen;
X. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o
pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;
XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que
permitan solucionar la problemática identificada;
XII. Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de
su competencia;
XIII. Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos
administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
XIV. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a
las Instituciones de Seguridad Pública, y
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y
seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 109.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán,
intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se
genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.
El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la
Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los
instrumentos de información sobre Seguridad Pública.
Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases
de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los
delitos.
La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas
y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores
de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto
apego a las disposiciones legales aplicables.
El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los
acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.
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Artículo 110.- Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre
Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los
términos de las disposiciones normativas aplicables.
La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad
pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones
legales determinen.
Artículo 111.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos
para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente,
con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.
El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número
único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la
homologación de los servicios.
SECCIÓN PRIMERA
Del Registro Administrativo de Detenciones
Artículo 112.- Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de
inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.
Artículo 113.- El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos
siguientes:
I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
II. Descripción física del detenido;
III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de
adscripción, y
V. Lugar a donde será trasladado el detenido.
Artículo 114.- Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa
al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:
I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
II. Clave Única de Registro de Población;
III. Grupo étnico al que pertenezca;
IV. Descripción del estado físico del detenido;
V. Huellas dactilares;
VI. Identificación antropométrica, y
VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo;
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El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y,
en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular
los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información
a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica,
óptica o mediante cualquier otra tecnología.
Artículo 115.- La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será
confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:
I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los
fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para
solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El
Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad,
privacidad u honra de persona alguna.
Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo,
se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 116.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración,
guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las
disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.
SECCIÓN SEGUNDA
Del Sistema Único de Información Criminal
Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de
integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las
Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos,
mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social
del delincuente y del adolescente.
Artículo 118.- Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de
datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas,
procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos
y modos de operación.
Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que
aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales,
órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.
Artículo 119.- Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que
ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al
sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.
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Artículo 120.- El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del
sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población
penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos
ámbitos de competencia.
Artículo 121.- La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación
personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios,
datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.
SECCIÓN TERCERA
Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la
información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:
I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas
digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la
seguridad pública;
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público,
y
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones
que lo motivaron.
Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de
procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique,
confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.
Artículo 123.- Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley.
Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a
quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.
La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.
SECCIÓN CUARTA
Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.
Artículo 124.- Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades
competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y
mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:
I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de
circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y
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II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes,
aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de
identificación.
Artículo 125.- Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las
armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en
lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que
pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de
huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad
Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.
Artículo 126.- En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren
armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las
pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.
Artículo 127.- El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o
posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.
TÍTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CAPÍTULO ÚNICO
De los Servicios de Atención a la Población
Artículo 128.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá
mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del
Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.
Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través
de:
I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y
II. La sociedad civil organizada.
Artículo 129.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las
acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan
un servicio para la localización de personas y bienes.
Artículo 130.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación
que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga
conocimiento.
El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de
protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.
Artículo 131.- Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé
esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:
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I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
IV. Realizar labores de seguimiento;
V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las
actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de
Seguridad Pública.
Artículo 132.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que
las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la
comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.
La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los
indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:
I. El desempeño de sus integrantes;
II. El servicio prestado, y
III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.
Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así
como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de
políticas públicas en la materia.
Artículo 133.- El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y
conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá
proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.
Artículo 134.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán
políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:
I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
III. Medidas de protección a la víctima, y
IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
TÍTULO NOVENO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 135.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores
públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los
fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme
las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.
Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las
acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.
Artículo 136.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores
públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los
fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a
las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.
Artículo 137.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en
términos de las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 138.- Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a
quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la
información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario
Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 37 de esta Ley.
Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.
Artículo 139.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:
I. Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos
en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea,
que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los
equipos o sistemas que las contengan;
II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos
a que se refiere esta Ley.
III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública,
prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de
cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la
Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y
IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido
certificada y registrada en los términos de esta Ley.
Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se
impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al
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de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de
gobierno, y en su caso, la destitución.
Artículo 140.- Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días
multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a
sabiendas de su ilicitud.
Artículo 141.- Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que
correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades
federativas, según corresponda.
Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos
en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal
de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto
pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
TÍTULO DÉCIMO
DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL
CAPÍTULO I
Disposiciones Preliminares
Artículo 142.- Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la
seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de
Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las
entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y
fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser
destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.
Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el
Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos
fines.
Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar
los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y
separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.
Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del
Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los
recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.
Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán
obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición
de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas
necesarias para garantizar su cumplimiento.
Artículo 143.- Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los
recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a
que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:
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I. Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de
las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a:
a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas
o proyectos financiados con los mismos;
b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados
del Programa Nacional de Seguridad Pública;
II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los
documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en
las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de
comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de
las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere
necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales
correspondientes, y
III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este
artículo.
De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Civil Federal.
CAPÍTULO II
De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos
Artículo 144.- El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a
que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que
incurran en lo siguiente:
I. Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la
información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la
información de las bases de datos previstas en esta Ley;
II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública;
III. Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;
IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen
las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación;
VI. Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;
VII. Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y
las disposiciones que de ella emanan;
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VIII. Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de
confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos
de coordinación en materia de Seguridad Pública.
La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios,
supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y
deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales
correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de
Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función
de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.
Artículo 145.- El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo
143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se
sujetará a las reglas siguientes:
I. En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la
practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;
II. La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o
dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier
domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del
Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o
dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los
requerimientos que se les formulen;
III. En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos
generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las
aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se
aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.
La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte
de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u
omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la
cancelación;
IV. En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el
Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que
resulte necesaria para el efecto;
V. El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un
plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las imputaciones
que, en su caso, se formulen en su contra;
VI. Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará
al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la
visita o revisión practicadas, y
VII. En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace
acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de
los mismos;
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El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y
determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con
independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan.
De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los
efectos correspondientes.
Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en
forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30
días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las
participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal.
Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se
refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda
recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las
secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS
Artículo 146.- Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios,
inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento,
mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad
y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.
Artículo 147.- El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y
desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar
su integridad y operación.
Artículo 148.- El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se
coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el
ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso
necesario.
El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones
Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad
aplicable en la materia.
Artículo 149.- El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el
bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de
seguridad pública.
Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas
Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 150.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de
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personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener
autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o
de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en
el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados,
además deberán cumplir la regulación local.
Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas
leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los
mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.
Artículo 151.- Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública.
Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones
de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el
Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización
respectiva.
Artículo 152.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen,
se regirán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para
las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la
obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la
información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.
Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad
aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a
procedimientos de evaluación y control de confianza.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá
acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y
sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en
operación del citado Centro Nacional.
TERCERO.- De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de
este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control
de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos
legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.
CUARTO.- Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el
certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo
transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo
dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
QUINTO.- Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de
entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que
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establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama
correspondiente, en un plazo no mayor a un año.
SEXTO.- Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de
ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio
de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así
como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente
Decreto.
SÉPTIMO.- Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán entendidas
al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero
del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el articulo Quinto Transitorio del Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
OCTAVO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un
plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
NOVENO.- El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir las
disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no
mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO.- Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Secretario
Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al
Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.
Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera causarse
algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema.
Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente
Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable.
DÉCIMO SEGUNDO.- Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Renan C. Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Jose
Manuel del Rio Virgen, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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